"La dimensión Ambiental oculta de la Dictadura"

Colabora: Lic. Carolina Somoza, Politóloga (UBA), diplomada en Derecho Ambiental, Derecho de personas migrantes y refugiadas y en Educación Ambiental Integral. Docente y asesora en la Defensoría del Pueblo (CABA).

La última dictadura cívico-militar Argentina (1976-1983) ha sido ampliamente estudiada en relación con el terrorismo de Estado, las desapariciones forzadas y la imposición de un modelo económico neoliberal caracterizado por: desindustrialización, endeudamiento externo y concentración de la riqueza. Con el tiempo, también se incorporó la mirada feminista, que visibilizó la violencia ejercida especialmente contra mujeres y diversidades. 

Sin embargo, hay una dimensión menos explorada pero igual de estructural: El ambiente. Este enfoque nos permite ver cómo el régimen usó el territorio, las ciudades y los Recursos Naturales como herramientas de contrato social y reorganización económica. Las Políticas Ambientales y urbanas no fueron accesorios técnicos, sino piezas claves de una estrategia integral para imponer un nuevo orden. Este trabajo busca analizar esa dimensión silenciada: como la dictadura desmanteló la incipiente institucionalidad ambiental de los años previos, transformó ciudades y territorios bajo discursos de “saneamiento” y “modernización”, reprimió el surgimiento de movimientos ecologistas y dejó huellas que aún persisten.

Desmantelamiento institucional y subordinación de la Política Ambiental:

A nivel global, la década de 1970 fue clave para el Ambientalismo. La Conferencia de Estocolmo de 1972 marcó un antes y un después en la agenda ambiental internacional. Mientras tanto, en EEUU y Europa Occidental crecían movimientos ecologistas que denunciaban contaminación, energía nuclear y pérdida de biodiversidad. En América Latina empezaban debates sobre “Desarrollo sustentable”. Pero en Argentina, la violencia política de la época impidió consolidar una agenda Ambiental Autónoma. 

El 21 de mayo de 1972, desde su exilio en Madrid, Juan Domingo Perón publicó su célebre Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo, en el cual advertía sobre la “Marcha Suicida” de la humanidad frente a la contaminación y la depredación de los Recursos Naturales. Ese documento, precursor en el plano Internacional, inspiró la creación en 1973 de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano (SRNAH), a cargo de Yolanda Ortiz, una de las pioneras en el tema. Por primera vez, Argentina tenía una estructura Nacional dedicada específicamente a temas Ambientales. 

La SRNAH tenía amplias competencias: conservación de Recursos Hídricos, regulación del uso del suelo y control de servicios básicos. En un contexto internacional donde el Ambientalismo ganaba espacio, Argentina parecía adelantarse.

Pero el golpe cívico-militar de 1976 interrumpió ese proceso. El régimen consideraba la política Ambiental un resabio peronista y desmanteló la Secretaría, dispersando sus funciones en distintas áreas del Estado, principalmente bajo el Ministerio de Economía (RedALyC, 2014). No fue una simple decisión administrativa: fue una decisión política para subordinar la cuestión Ambiental al proyecto económico de Martínez de Hoz. La dictadura aplicó la lógica de la Doctrina de Seguridad Nacional al Ambiente; el territorio debía ser controlado y reorganizado en función de objetivos estratégicos. Los Recursos Naturales dejaron de verse como bienes públicos y pasaron a ser materia prima para el mercado internacional. 

La Ley 21.695 de Crédito Fiscal para la Forestación:

Un ejemplo emblemático fue la Ley N° 21.695 de Crédito Fiscal para la Forestación (1977). Esta norma reemplazó el régimen previo de promoción forestal y otorgó créditos fiscales a quienes plantearon especies de rápido crecimiento como “pinos” y “eucaliptos” (CONICET, 2020).

El objetivo no era conservar Ecosistemas Nativos, sino abastecer de materia prima a la industria de celulosa y papel. La política impulsó monocultivos exóticos en provincias como Misiones, Corrientes y Entre Ríos, con fuertes impactos sobre biodiversidad, suelos y agua. Además, la posibilidad de monetizar los créditos fiscales favoreció a grandes grupos empresariales, entre ellos “Ledesma”, implicada también en crímenes de lesa humanidad. 

La forestación fue, en realidad, una herramienta económica para concentrar riqueza, no una política ambiental. 

La política urbana como laboratorio de reorganización:

La dictadura convirtió a la ciudad y al territorio en escenarios de experimentación. Bajo discursos de “modernización” y “saneamiento”, se implementaron políticas que implican expulsión social, endeudamiento y deterioro Ambiental. 

• CEAMSE y la Gestión de Residuos:

  En 1977 se creó la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), que reemplazó la quema de basura en la Ciudad de Buenos Aires por el sistema de rellenos sanitarios. Aunque se presentaba como una solución técnica para reducir la contaminación del aire, en realidad trasladó los problemas Ambientales a los municipios periféricos del conurbano. Los rellenos se ubicaron en terrenos bajos e inundables, luego convertidos en supuestos “Pulmones Verdes”. La contaminación del suelo, el agua y el aire afectó a las comunidades más vulnerables (UB, 2012). Consolidándose un modelo de Injusticia Ambiental: La Capital externaliza sus costos ecológicos a la periferia más vulnerable.

• Autopistas y fragmentación urbana:

  Otra política central fue la construcción de autopistas urbanas. El Código de Planeamiento Urbano (1977), habilitó grandes obras que implicaron la demolición de miles de viviendas y la apertura de corredores viales en barrios consolidados. Financiadas en parte con deuda externa, estas obras dejaron una carga económica para la democracia (SciELO, 2014). Los escombros de las demoliciones se usaron para rellenar la zona donde hoy está la Reserva Costanera Sur, aunque el objetivo era construir edificios de “lujo”. El resultado: fragmentación urbana, contaminación y gentrificación. 

• Erradicación de villas y “saneamiento social”:

  La erradicación de villas de emergencia fue una de las políticas más brutales. Bajo el argumento que eran espacios “Ambientalmente degradantes”, se desplazaron alrededor de 180.000 personas de la Ciudad de Buenos Aires (IDES, 2019). No fue una política de vivienda social, sinó de control y disciplinamiento. La pobreza se concentró en la periferia y se consolidó un patrón de segregación socio-territorial que persiste hasta hoy. 

Otros casos emblemáticos:

1. La represa de Salto Grande (1979) implicó la desaparición de la ciudad entrerriana de Federación, cuyos habitantes fueron relocalizados en un nuevo emplazamiento construido por la dictadura. La experiencia dejó un fuerte trauma social y simbolizó la violencia con la que el régimen imponía sus proyectos (El Miércoles Digital, 2019).

2. El relleno del Río de la Plata con escombros de las autopistas dio origen, años después, a la Reserva Ecológica Costanera Sur. Lo que hoy es un espacio de conservación nació de un acto de violencia Ambiental y urbana.

3. El cierre del puerto del Riachuelo en 1976 marcó también un punto de inflexión: dejó al río sin actividad económica y lo convirtió en un basural acuático, lleno de chatarra y contaminación cloacal.

   
   

Sociedad Civil, represión, resistencias y la vuelta:

El terrorismo de Estado y la represión sistemática impidieron la formación de un movimiento Ambientalista fuerte. Mientras en Europa y EEUU surgían grandes organizaciones Ecologistas, en Argentina la persecución política clausuró toda organización autónoma. 

Aún así, surgieron algunas iniciativas técnicas y académicas: la Academia Argentina de Ciencias del Ambiente (1981) y la FUNAM (1982). Su incidencia fue limitada, pero demostraron que la preocupación Ambiental no desapareció del todo.

Un hito clave fue el Fallo “Kattan” (1983), donde la justicia reconoció el Derecho Colectivo a un Ambiente sano al impedir la exportación de delfines a Japón. Este caso introdujo la noción de “interés difuso” en la jurisprudencia Argentina, anticipando el Artículo 41 de la Constitución de 1994 (Sabsay, 1984).

Este antecedente demuestra que, aun en un contexto autoritario, podían abrirse grietas desde lo judicial para la defensa del Ambiente #PorUnMundoMejor.

Con la vuelta de la Democracia en 1983, la reconstrucción institucional no fue inmediata. La crisis económica y la deuda externa dejaron la Agenda Ambiental relegada. Recién en 1991 se recreó la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano. Las leyes de Presupuestos Mínimos llegaron recién en los 2000. 

Estos elementos muestran que el impacto de la dictadura no se limitó a los Derechos Humanos “clásicos”, sino que también sobre la configuración territorial y Ambiental del país. 

Conclusiones:

La dictadura cívico-militar Argentina utilizó el Ambiente como parte central de su proyecto autoritario. El desmantelamiento institucional, las políticas urbanas expulsivas, el uso del discurso de “saneamiento” y las obras financiadas con deuda no fueron hechos aislados: formaron un plan coherente de control y acumulación. 

El Ambiente se transformó en un escenario de violencia: ciudades fragmentadas, comunidades desplazadas, ecosistemas arrasados y ríos contaminados. Por eso, entender este capítulo de la historia es también hablar de Derechos Humanos. 

En democracia, la memoria ambiental de aquellos años es clave para construir Justicia Ambiental y Social. Porque cuando decimos “Nunca Más”, también lo decimos frente a la violencia, el despojo y el destrato del Ambiente y nuestros bienes Naturales. 

Bibliografía:

1. Asociación de Administradores Gubernamentales. (2010). Políticas ambientales en la Argentina: trayectoria de las instituciones nacionales en el periodo 1970-2010. Buenos Aires, Argentina.

2. CONICET. (2020). Desindustrialización y destrucción tecno-productiva durante la última dictadura cívico-militar argentina: El proceso de cierre de Industrias Mecánicas del Estado (1976-1980). Repositorio Institucional CONICET Digital. https://ri.conicet.gov.ar/

3. El Miércoles Digital. (2019). La ciudad que desapareció la dictadura. El Miércoles Digital.

4. IDES. (2019). “Un nuevo paisaje urbano”. La producción de espacios verdes públicos durante la última dictadura cívico-militar en Buenos Aires. Revista IDES.

5. Página/12. (2023). Patrimonio de Quilmes: la dictadura pasó topadoras sobre la Ciudad Sagrada. Página/12. https://www.pagina12.com.ar/859980

6. Perón, J. D. (1972). Mensaje a los pueblos y gobiernos del mundo. Madrid, España.

7. RedALyC. (2014). Luces y sombras de la política ambiental argentina entre 1983 y 2013. RedALyC.

8. Sabsay, D. A. (1984). El desarrollo sustentable en un fallo de la Justicia Federal. El Derecho, 174, 448.

9. SciELO. (2014). La emergencia del ambientalismo estatal y social en Argentina. SciELO Brasil.

10. UB. (2012). Ciudad en dictadura. Procesos urbanos en Buenos Aires. Universitat de Barcelona.