Acuerdo de Escazu: un pilar jurídico y comunitario para los pueblos

Colabora: Bárbara Astudillo Delgado (Fundación Protege Los Molles Chile)

Johana Itati Brida (Asambleas por el Agua de Mendoza Argentina).

En tiempos donde los desafíos socioambientales se intensifican y las comunidades enfrentan crecientes desafíos para proteger sus territorios, el Acuerdo de Escazú se ha convertido en mucho más que un tratado internacional. Para muchos pueblos, organizaciones y personas defensoras de la naturaleza, Escazú es hoy un verdadero pilar jurídico y comunitario: una herramienta de protección, una guía de acción y una esperanza concreta para fortalecer la democracia ambiental.

Su esencia radica en principios simples pero transformadores: acceso a la información, participación pública en la toma de decisiones, acceso a la justicia en asuntos ambientales y protección de quienes defienden los derechos humanos en asuntos ambientales. Estos pilares permiten que las comunidades no sean meras espectadoras de los proyectos o políticas que afectan sus territorios, sino protagonistas de las decisiones que inciden en su presente y futuro. De este modo, la articulación comunitaria se convierte en una respuesta clave, especialmente en contextos donde los Estados enfrentan el reto de equilibrar los intereses económicos con la garantía efectiva de los derechos de la ciudadanía.

Escazú también se sustenta en principios rectores que orientan su implementación y fortalecen una nueva forma de comprender la relación entre derechos humanos, democracia y protección ambiental. Entre ellos destacan la igualdad y no discriminación, la transparencia, la rendición de cuentas, la progresividad y no regresión, la buena fe, la prevención, la precaución, la equidad intergeneracional y la soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos naturales.

Estos principios reconocen que la defensa de los bienes comunes (como el agua, los humedales, los bosques, la biodiversidad y los ecosistemas que sostienen la vida) está profundamente vinculada a la protección de los derechos humanos. Defender los bienes comunes no es únicamente una acción ambiental; es también la defensa del derecho a la vida, a la salud, al agua, a un ambiente sano, a la participación democrática y a la dignidad de las comunidades presentes y futuras.

En el debate actual sobre el desarrollo, el acuerdo recuerda que el progreso y la institucionalidad estatal no son excluyentes, sino complementarios dentro del marco democrático. En esta ecuación, la participación ciudadana adquiere una importancia vital, especialmente cuando se discuten decisiones que afectan directamente el territorio, las costumbres y los bienes comunes de las poblaciones, consolidándose como una pieza clave para fortalecer la calidad democrática. Que las personas defensoras ambientales deban exponerse en una primera línea de vulnerabilidad sin que las instituciones garanticen plenamente su seguridad es una situación de extrema gravedad que requiere atención urgente.

Uno de los mayores aportes de Escazú es que reconoce que los desafíos ambientales y las amenazas contra las personas defensoras no conocen fronteras. Por ello, el acuerdo promueve la cooperación regional y la construcción de redes de colaboración entre los países de América Latina y el Caribe para intercambiar experiencias, fortalecer capacidades institucionales y avanzar en estándares comunes de protección. Esta dimensión es particularmente relevante en una región que continúa registrando altos índices de riesgo para quienes defienden la tierra, el agua, los ecosistemas y los derechos humanos. Frente a esta realidad, la cooperación entre Estados, organismos internacionales, academia, organizaciones de la sociedad civil y comunidades resulta fundamental.

Ningún país puede enfrentar por sí solo una cuestión que atraviesa fronteras y que responde a dinámicas económicas, sociales y ambientales cada vez más complejas. La colaboración transfronteriza no es un lujo sino una necesidad ante glaciares, ríos, océanos, bosques y especies; es decir, ecosistemas que no se limitan a líneas divisorias, porque los impactos ambientales tampoco lo hacen.

En un momento bisagra para la humanidad, Escazú nos recuerda que el principio de progresividad es un piso mínimo, y que las políticas ambientales deben construirse desde la mejora constante de las normativas existentes y no desde regresiones que debiliten los estándares de protección. Las redes de colaboración impulsadas por Escazú permiten además visibilizar situaciones de riesgo, compartir buenas prácticas y fortalecer la solidaridad entre los pueblos. Cuando una defensora ambiental es amenazada en cualquier rincón de nuestra región, el desafío no pertenece únicamente a su comunidad o a su país; interpela a toda América Latina y el Caribe.

Allí donde existe una comunidad informada y organizada, Escazú deja de ser un documento para convertirse en una práctica cotidiana de defensa, participación y cuidado #PorUnMundoMejor.

El objetivo final no es solo la resiliencia de las comunidades, sino permitirles trazar la ruta de un desarrollo sostenible, justo y respetuoso con su entorno.