No hay desarrollo sostenible, si hay personas explotadas.

Colabora: Martina Goldsztein. Abogada especialista en Derecho Ambiental y Administrativo. Docente ad honorem en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fundadora de Ambiental & +

La Trata de Personas nos invita a mirar una de las violaciones más graves a los Derechos Humanos de nuestro tiempo. A primera vista, puede parecer un tema alejado de la agenda Ambiental. Sin embargo, cuando observamos con mayor profundidad cómo funcionan muchas de las economías ilegales y cuáles son las consecuencias de la crisis ambiental, aparece una realidad incómoda: la explotación de la naturaleza y la explotación de las personas suelen avanzar de la mano.

Durante mucho tiempo pensamos los problemas ambientales como cuestiones exclusivamente vinculadas con la contaminación, la pérdida de biodiversidad o el cambio climático. Hoy sabemos que esa mirada resulta insuficiente. El ambiente no es solamente el conjunto de los ecosistemas; también es el espacio donde las personas desarrollan sus proyectos de vida, trabajan, migran, estudian, producen y construyen comunidad. Por eso, el derecho a un ambiente sano y los derechos humanos no pertenecen a agendas separadas. Se fortalecen mutuamente.

Las redes delictivas que obtienen ganancias mediante actividades como la minería ilegal, la tala clandestina, la pesca ilegal o determinados circuitos de producción informal no solo generan un enorme daño ambiental. En muchos casos también recurren a distintas formas de explotación humana, aprovechándose de personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica, social o institucional. No se trata de afirmar que toda actividad informal implique trata de personas, ni de establecer relaciones automáticas. Se trata de comprender que ahí donde el Estado pierde presencia, donde la pobreza limita las oportunidades y donde los recursos naturales se convierten en objeto de economías criminales, aumentan los riesgos de que los derechos fundamentales sean vulnerados.

La crisis climática también forma parte de esta conversación. Las sequías prolongadas, las inundaciones, los incendios y otros eventos extremos modifican profundamente las condiciones de vida de millones de personas. Cuando una comunidad pierde su fuente de agua, sus cosechas o sus medios de subsistencia, muchas familias se ven obligadas a desplazarse en busca de nuevas oportunidades. Es precisamente en esos procesos de movilidad, necesidad e incertidumbre donde pueden aparecer quienes prometen trabajo, vivienda o mejores condiciones de vida para luego transformarlas en situaciones de explotación. El cambio climático, por sí solo, no genera trata de personas. Pero sí puede aumentar las condiciones de vulnerabilidad que las organizaciones criminales aprovechan.

Hablar de sustentabilidad exige entonces ampliar nuestra mirada. No alcanza con reducir emisiones de carbono, reciclar residuos o proteger áreas naturales si, al mismo tiempo, existen personas cuya dignidad es vulnerada para sostener determinados modelos de producción o economías ilegales. Tampoco alcanza con defender los derechos humanos ignorando que la degradación ambiental profundiza desigualdades y multiplica conflictos sociales. La verdadera sustentabilidad integra las dimensiones ambiental, social y económica. Ninguna de ellas puede desarrollarse sacrificando a las otras. Los jóvenes crecieron escuchando que el futuro depende de cuidar el planeta. Esa afirmación sigue siendo cierta, pero quizás hace tiempo llegó el momento de completarla: cuidar el planeta también significa cuidar a quienes lo habitan.

Cada decisión de consumo, cada política pública, cada proyecto productivo y cada acción colectiva tienen la posibilidad de construir sociedades más justas o de profundizar desigualdades. Elegir la sustentabilidad implica preguntarnos no solo qué impacto tienen nuestras acciones sobre los ecosistemas, sino también sobre las personas. Porque, un bosque protegido pierde parte de su sentido si quienes viven cerca de él son explotados. Porque una economía que se presenta como verde deja de ser verdaderamente sostenible cuando invisibiliza la dignidad humana. Y porque no existe justicia ambiental sin justicia social.

Tal vez el mayor desafío de nuestra generación sea comprender que el ambiente no se defiende únicamente plantando árboles o limpiando ríos. También se protege fortaleciendo instituciones, promoviendo trabajo digno, ampliando derechos y construyendo comunidades donde ninguna persona pueda ser reducida a una mercancía.

En definitiva, el desarrollo sostenible no puede medirse únicamente por indicadores económicos o ambientales. Debe medirse, sobre todo, por nuestra capacidad de construir un mundo donde la naturaleza y la dignidad humana sean protegidas con la misma convicción #PorUnMundoMejor. Porque no hay desarrollo sostenible si hay personas explotadas.