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Tenerlo todo, pero ¿a que precio?

Foto del escritor: Dra. Martina Goldsztein
Dra. Martina Goldsztein
hace 21 horas
4 min de lectura

Colabora: Martina Goldsztein. Abogada especialista en Derecho Ambiental y Administrativo. Docente ad honorem en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Fundadora de  de Ambiental & +.


La paradoja de los "países ricos" en recursos naturales.

En América Latina contamos con una gran cantidad de recursos naturales, bosques, minerales, agua, tierras fértiles y las famosas reservas de petróleo. Sin embargo, disponer de tantos recursos no siempre se traduce en mejores condiciones de vida para quienes habitan estos territorios. Cómo puede ser que regiones con tanta riqueza natural convivan con desigualdades, conflictos sociales y deterioro ambiental?.

En principio se me ocurre que una parte de la respuesta se encuentra en el tan escuchado: "Modelo extractivista", basado en la explotación intensiva de recursos naturales destinados principalmente a la exportación, muchas veces con escaso procesamiento dentro del propio país. Y si bien, estas actividades pueden generar ingresos, inversiones y puestos de trabajo, también plantean interrogantes sobre cómo se distribuyen sus beneficios y quiénes terminan asumiendo sus costos.

En este escenario aparece el concepto de "Neo-extractivismo", que hace referencia a una modalidad de explotación de los recursos naturales en la que el Estado tiene una participación más activa, tanto en el impulso como en la regulación de estas actividades. Aunque históricamente se vinculó con gobiernos progresistas de América Latina, la explotación intensiva de recursos continúa siendo un eje de debate bajo distintas orientaciones políticas. Actualmente, Argentina, Colombia, Brasil ofrecen contextos políticos diferentes, con gobiernos de distintas orientaciones ideológicas. Esto permite preguntarnos: hasta qué punto los cambios de gobierno implican también cambios en los modelos de desarrollo y en la relación con los recursos naturales?.

Y acá aparece una cuestión central: no es solamente qué recursos se extraen, sino también cómo, para quién y con qué consecuencias.

Tener recursos no significa necesariamente tener desarrollo. Un territorio puede aportar enormes cantidades de materias primas a la economía nacional y al comercio internacional, pero eso no garantiza que sus habitantes accedan a mejores servicios, infraestructura o condiciones de vida. Incluso puede ocurrir lo contrario: que las comunidades que conviven directamente con los proyectos extractivos sean también las que soporten gran parte de sus impactos.

Para mi, las consecuencias del extractivismo van mucho más allá del impacto ambiental inmediato. En términos económicos, la exportación de materias primas puede representar una fuente importante de ingresos, inversiones y generación de empleo. Sin embargo, también plantea el desafío de diversificar las economías, agregar valor a los recursos dentro de los propios países y evitar una dependencia excesiva de los mercados internacionales. Ahora bien, en el plano social, los proyectos extractivos pueden generar oportunidades laborales y dinamizar las economías locales, pero también requieren considerar su impacto sobre las comunidades, los derechos de los pueblos originarios y sus formas de vida. Territorialmente, el desarrollo de grandes proyectos puede modificar la organización de las regiones, las actividades productivas y las dinámicas de las poblaciones que las habitan.

A esto se suman los desafíos ambientales, como la deforestación, la degradación de los suelos, la contaminación y el uso intensivo del agua. Por eso, resulta fundamental analizar cómo se planifican estas actividades, qué mecanismos de control existen y de qué manera se distribuyen tanto sus beneficios como sus posibles impactos.

Un caso que nos permite comprender estas tensiones es la iniciativa "Yusuní ITT" impulsada por Ecuador en 2007, la propuesta era mantener bajo tierra las reservas de petróleo a cambio de una contribución económica internacional, teniendo como objetivo evitar emisiones de GEI (gases de efecto invernadero), proteger el Parque Nacional Yusuní y resguardar a las comunidades que habitan ahí. En 2013, frente la falta de financiamiento el gobierno Ecuatoriano dio por finalizada la iniciativa y autorizó el avance de la explotación petrolera, la discusión continuó y, diez años después, en agosto de 2023, una consulta popular la cual determinó que el petróleo debía permanecer bajo tierra. Este caso demuestra que las decisiones sobre los recursos naturales involucran mucho más que cuestiones económicas: también ponen en juego la conservación de los ecosistemas, los derechos de las comunidades y la participación ciudadana.

Es así que, pensar otros modelos de desarrollo implica encontrar formas de aprovechar los recursos naturales de manera más eficiente y responsable. La transición hacia el CPS (Consumo y Producción Sostenible) propone avanzar en esa dirección mediante un mejor uso de los materiales y la energía, la economía circular y una mayor consideración de los impactos ambientales y sociales en los procesos productivos. El desafío no necesariamente consiste en dejar de aprovechar los recursos naturales, sino en encontrar formas de hacerlo que contemplen las necesidades de la población y los límites de los ecosistemas. Entonces, tenerlo todo a qué precio? Al precio de un desarrollo que, si no contempla sus consecuencias, puede comprometer los territorios, los ecosistemas y las oportunidades de las próximas generaciones. La verdadera oportunidad está en transformar esa riqueza natural en bienestar colectivo. Porque el desarrollo no debería medirse solamente por lo que somos capaces de extraer, sino también por lo que somos capaces de preservar y construir. Pensar el desarrollo también significa pensar en el mundo que queremos construir #PorUnMundoMejor.


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