Argentina ¿Recorta su futuro?
- Lic. Carolina Somoza
- 4 sept
- 5 Min. de lectura
Colabora: Lic. Carolina Somoza, Politóloga (UBA), diplomada en Derecho Ambiental, Derecho de personas migrantes y refugiadas y en Educación Ambiental Integral. Docente y asesora en la Defensoría del Pueblo (CABA).
El presupuesto es, en definitiva, la expresión más concreta de las prioridades de un gobierno. En Materia Ambiental, esta afirmación cobra especial relevancia: por más que existan marcos normativos de avanzada, compromisos internacionales y discursos oficiales, si no hay financiamiento suficiente, las políticas públicas se transforman en letra muerta.
En la Argentina, este fenómeno se expresa con claridad. En estos últimos meses, asistimos a la degradación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, al de Subsecretaría del Ambiente -que depende de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deporte, que a su vez depende de la Vicejefatura de Gabinete del Interior, que a su vez responde a la Jefatura de Gabinete de Ministros-. Esta reorganización no sólo reduce jerarquía institucional, sino que también limita la capacidad de liderazgo estratégico.
Este artículo busca analizar el estado actual del presupuesto ambiental nacional, con foco en el proyecto 2025, marcado por recortes drásticos, subejecuciones y una marcada contradicción entre los compromisos asumidos en leyes clave y los recursos efectivamente asignados.
-Un presupuesto prorrogado y centralizado:
El punto de partida para comprender la situación actual es el marco político general. Desde 2024, la administración nacional optó por prorrogar el presupuesto previo mediante decretos, concentrando la capacidad de reasignar partidas al Poder Ejecutivo. A la par, el Área ambiental fue desjerarquizada, reduciendo su peso Institucional dentro del Organigrama Estatal.
Este reordenamiento se inscribe en un contexto más amplio de ajuste estructural del gasto público. La narrativa oficial, centrada en la "motosierra" presupuestaria, se tradujo en recortes que alcanzan a leyes estratégicas como la Ley de Bosques Nativos o el financiamiento de la Administración de Parques Nacionales.
-Un recorte sin precedentes:
De acuerdo con datos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN)[1] el presupuesto asignado a la Subsecretaría de Ambiente se redujo un 68,9% en términos reales respecto de 2023. Esta caída implica un vaciamiento operativo en áreas que ya venían con limitaciones históricas.
Los Parques Nacionales, amparados en la Ley 22.351 pilares de la conservación en la Argentina, también fueron alcanzados por el ajuste. El recorte ronda el 40 % en términos reales, afectando tareas básicas como control de incendios, monitoreo de biodiversidad y mantenimiento de infraestructura.
-La ley de Bosques, vaciada:
El caso de la Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos es paradigmático. Esta norma establece que se debe destinar al menos el 0,3 % del presupuesto nacional para financiar planes de manejo y conservación de bosques. Sin embargo, para 2025 se le asigna apenas un 2,5 % de lo que correspondería por ley. Dicho en otras palabras: el recorte supera el 97 % del financiamiento mínimo previsto.
Este caso es paradigmático ya que, según el Presupuesto Abierto 2025[2], el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos ejecutó, al día de hoy, $0 del presupuesto asignado.
Otro rubro clave, el de Evaluación y Control Ambiental, sufrió una reducción real de entre 52,9 % y 59,8 %, debilitando la capacidad estatal de fiscalizar actividades con alto impacto ambiental, como la minería o los grandes proyectos de infraestructura.
-Evaluación, control y fuego:
Otro dato llamativo es que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego recibió un incremento presupuestario en torno al 46 % en términos reales. A pesar de los “esfuerzos” presupuestarios, seguimos viendo como arde el país. Según datos relevados por Greenpeace[3], a través de imágenes satelitales y trabajo de campo, la superficie de Bosques Andino Patagónicos afectada por incendios forestales durante el período octubre 2024 – marzo 2025 fue de 31.722 hectáreas (Neuquén 11.782 hectáreas, Río Negro 10.218 hectáreas y Chubut 9.722 hectáreas).
-Luces en la oscuridad:
El deterioro presupuestario nacional contrasta con algunas iniciativas provinciales y de la sociedad civil. En junio de 2025, la provincia de Chubut creó el Parque Provincial Patagonia Azul, un área protegida de casi 295.000 hectáreas en la costa atlántica, en colaboración con la Fundación Rewilding Argentina y la Administración de Parques Nacionales.
Este caso es un faro en medio del ajuste: demuestra que es posible avanzar en conservación cuando existe voluntad política y articulación con organizaciones de la sociedad civil, aun cuando el gobierno nacional recorta recursos y relativiza la crisis climática.
-Un marco legal sin respaldo financiero:
El desfinanciamiento contrasta, también, con un marco normativo ambiental robusto, construido a lo largo de las últimas tres décadas.
Ley General del Ambiente (2002): establece presupuestos mínimos y principios de política ambiental como la prevención y la participación ciudadana.
Ley de Bosques Nativos (2007): fija un fondo mínimo de financiamiento que, como vimos, no se cumple.
Ley de Glaciares (2011): tiene como objetivo la protección de los glaciares y el ambiente periglacial.
Ley Yolanda (2020): obliga a la capacitación ambiental de todos los funcionarios públicos.
Ley de Educación Ambiental Integral (2021): garantiza la incorporación transversal de la temática en todos los niveles educativos.
En teoría, estas leyes colocan a la Argentina en una posición de vanguardia regional. En la práctica, sin financiamiento adecuado, se convierten en un andamiaje legal sin capacidad real de transformación.
-Un modelo de desarrollo en disputa:
La situación actual desnuda una contradicción profunda: mientras la crisis climática global se intensifica y grandes sectores de la ciudadanía llaman a fortalecer la acción estatal, la Argentina recorta y subejecuta su Presupuesto Ambiental.
El riesgo no es solo el incumplimiento de las leyes nacionales, sino también la pérdida de oportunidades: desde la conservación de ecosistemas únicos hasta la posibilidad de acceder a financiamiento climático internacional, que requiere marcos de política pública sólidos.
-El rol de la Sociedad Civil:
En este escenario, el rol de la Sociedad Civil, los Medios de Comunicación Especializados y los espacios de articulación Federal resultan fundamentales. Visibilizar el desfinanciamiento, exigir el cumplimiento de la ley y destacar ejemplos positivos son pasos necesarios para revertir una tendencia preocupante #porunmundomejor.
Al final del día, el presupuesto no es un simple cálculo contable: es la expresión de un modelo de desarrollo. Y hoy, el mensaje que envía la Argentina en Materia Ambiental es claro: las prioridades en esta área son inexistentes. Cambiarlo dependerá de la presión ciudadana y de la capacidad política de volver a colocar al ambiente en el centro de la agenda pública.
Bibliografía:
[1] FARN (2025). Monitor ambiental del Presupuesto: ¿cómo fue la ejecución entre enero y abril del 2025?. Disponible en: https://farn.org.ar/documentos/monitor-ambiental-presupuesto-enero-abril-2025/
[3] Greenpeace (2025). Incendios forestales en la región andino patagónica en Argentina. Disponible en: https://www.greenpeace.org/argentina/participa/incendios/#:~:text=Incendios%20forestales%20en%20los%20Bosques,media%20ciudad%20de%20Buenos%20Aires.
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