"Que se financia y que se abandona?: presupuesto ambiental"

Colabora: Lic. Carolina Somoza, Politóloga (UBA), diplomada en Derecho Ambiental, Derecho de personas migrantes y refugiadas y en Educación Ambiental Integral. Docente y asesora en la Defensoría del Pueblo (CABA).

El debate presupuestario es, en términos concretos, un debate sobre prioridades: qué se financia y qué se abandona?. En materia ambiental, el Presupuesto Nacional muestra con claridad el lugar que ocupa la protección del ambiente en la agenda pública. Comparar la ejecución del Presupuesto 2025 con el Presupuesto 2026 permite identificar recortes, continuidades y cambios en el rol del Estado ambiental en la Argentina actual.

En este artículo analizamos cómo se ejecutaron los recursos ambientales en 2025 y qué señales envía el Presupuesto 2026 respecto de la política ambiental, las capacidades institucionales y el cumplimiento de obligaciones legales.

Presupuesto 2025: qué se asignó y qué se ejecutó?

El Presupuesto 2025 de la Subsecretaría de Ambiente ya implicaba, en términos reales, una caída respecto de años anteriores, ya que repitió los mismos montos aprobados en 2023. Si bien durante el año hubo modificaciones presupuestarias, estas no lograron compensar la inflación ni revertir la tendencia de ajuste. Al cierre del ejercicio, la ejecución mostró niveles de subejecución significativos: una parte importante de los recursos disponibles no se transformó en gasto efectivo. Esta situación no fue uniforme y afectó especialmente a programas clave:

• Entre los más impactados se encuentran el Fondo de Bosques Nativos, que ejecutó solo el 20,4 % de lo asignado, muy por debajo de lo establecido por la Ley 26.331; los programas de cambio climático, con bajos niveles de ejecución (incluida la falta total de implementación de la Ley 27.520); y los programas de educación ambiental y participación ciudadana, que prácticamente no ejecutaron presupuesto.
  

La subejecución responde a decisiones políticas, demoras administrativas y reestructuraciones institucionales. Sus efectos son concretos y consecuentes: menor capacidad estatal para prevenir daños ambientales, incumplimiento de leyes vigentes, profundización de desigualdades territoriales y debilitamiento de los equipos técnicos.

Presupuesto 2026: qué cambia y qué se profundiza?

El Presupuesto 2026 mantiene una reducción real del gasto ambiental. Si bien presenta incrementos nominales respecto de 2025, estos no compensan la inflación ni la pérdida de capacidades acumulada, y el presupuesto ambiental continúa representando una porción reducida del gasto total del Estado.

• Al igual que en años anteriores, el Fondo de Bosques Nativos se ubica por debajo de los mínimos legales establecidos. Asimismo, varios programas quedan agrupados bajo una misma estructura administrativa, lo que implica distribuir un presupuesto limitado entre un mayor número de funciones. Algunos ejemplos permiten dimensionar esta situación: la Promoción de la Educación Ambiental cuenta con aproximadamente $50 millones anuales; el Inventario de Humedales dispone de poco más de $1 millón; y la implementación de la Ley 27.520 tiene asignados alrededor de $6 millones.
  

Este esquema presupuestario genera una diferencia entre los objetivos declarados de las políticas ambientales y los recursos disponibles para su implementación. La reducción de recursos no elimina los desafíos ambientales existentes, sino que condiciona la capacidad de abordarlos de manera oportuna.

El impacto del presupuesto ambiental también es desigual a nivel territorial. Provincias y municipios dependen en gran medida de transferencias nacionales para llevar adelante políticas ambientales básicas, por lo que las restricciones presupuestarias pueden profundizar diferencias regionales y afectar la implementación del federalismo ambiental previsto en la normativa vigente.

En un contexto en el que Argentina cuenta con un marco legal e internacional amplio en materia ambiental, la disponibilidad y ejecución efectiva del presupuesto resultan centrales para el cumplimiento de esas obligaciones y compromisos.

El análisis del Presupuesto 2025 ejecutado y del Presupuesto 2026 aprobado para la Subsecretaría de Ambiente muestra una tendencia clara: reducción real de recursos, subejecución persistente y debilitamiento de la política ambiental nacional. Lejos de tratarse de un ajuste meramente técnico, se trata de una decisión política con consecuencias concretas sobre derechos, territorios y bienes comunes.

Revertir esta tendencia requiere no solo aumentar los montos asignados, sino también garantizar su ejecución efectiva, fortalecer las capacidades estatales y asumir que la política ambiental no es un gasto prescindible, sino una inversión indispensable para el presente y el futuro #PorUnMundoMejor. Bibliografía:

• Constitución de la Nación Argentina, Artículo 41.

• Ley N.º 25.675 General del Ambiente

• Ley N.º 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.

• Ley N°27.520 de Presupuestos Mínimos para la Adaptación y Mitigación al Cambio Climático.

• Presupuesto General de la Administración Nacional 2025.

• Presupuesto General de la Administración Nacional 2026.

• Presupuesto Abierto 2025.

• Informes de ejecución presupuestaria – Administración Pública Nacional, Ministerio de Economía.

• Cuenta de Inversión 2025 (ejecución presupuestaria por finalidad y función).

• Acuerdo de Escazú sobre Acceso a la Información, Participación Pública y Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

• Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) de la República Argentina ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

• FARN (2025). El Ambiente en el Presupuesto 2026: ajustes, retrocesos y afectación de Derechos.