"Territorializando las cuestione ambientales"

Colabora: Lic. Carolina Somoza, Politóloga (UBA), diplomada en Derecho Ambiental, Derecho de personas migrantes y refugiadas y en Educación Ambiental Integral. Docente y asesora en la Defensoría del Pueblo (CABA).

Hablar de ambiente en Argentina implica, inevitablemente, hablar de territorio: no como una abstracción administrativa, sino como un espacio vivo, habitado y cargado de sentidos sociales, culturales, económicos y políticos. La conflictividad ambiental en el país se expresa, en gran medida, a través de disputas territoriales que cuestionan un modelo de desarrollo basado en la extracción intensiva de bienes naturales, muchas veces en tensión con los derechos de las comunidades y la protección de los ecosistemas.

En esta bitácora proponemos recorrer el papel central de estas experiencias en los conflictos ambientales argentinos, con foco en comunidades indígenas, asambleas vecinales y organizaciones socioambientales. Más que resistencias aisladas, estos procesos construyen alternativas, producen conocimiento situado y disputan los sentidos del desarrollo y el bienestar.

• Territorio, ambiente y derechos humanos:

Desde una mirada de derechos humanos, no se puede pensar en un ambiente sano sin hablar del territorio. La Constitución argentina, en su artículo 41, dice que todas las personas tenemos derecho a vivir en un ambiente sano y que también tenemos la responsabilidad de cuidarlo para las generaciones futuras.

El problema es que muchas veces este derecho no se cumple. Hay decisiones políticas y proyectos económicos que avanzan sobre territorios donde vive gente, sin consultar a las comunidades, sin evaluar bien los impactos y sin permitir una participación real.

En el caso de los pueblos indígenas, esto es todavía más grave. La Constitución (artículo 75 inciso 17) reconoce que los pueblos originarios existían antes que el Estado argentino y que tienen derecho a sus tierras. Además, el Convenio 169 de la OIT obliga al Estado a hacer consultas libres, previas e informadas cuando un proyecto puede afectar sus territorios. Sin embargo, en la práctica, muchas veces estas normas no se respetan.

Por eso, cuando las comunidades defienden sus territorios, no solo están cuidando la naturaleza. También están exigiendo que se respeten derechos básicos: el acceso al agua, a la salud, a su identidad cultural y a una vida digna.

• Extractivismo y conflictividad ambiental:

Argentina participa en el mercado global principalmente a través de la producción y exportación de bienes primarios como soja, minerales, petróleo, gas y madera. Este modelo productivo, que se expandió en las últimas décadas, ha generado importantes transformaciones en los territorios, con impactos ambientales como deforestación, contaminación y degradación de los suelos.

Estos cambios también tienen consecuencias sociales: en algunos casos, comunidades ven afectadas sus formas de vida, se producen conflictos por el uso de la tierra y aumentan las desigualdades entre distintas regiones.

Frente a este escenario, muchas comunidades se organizan para participar, proponer alternativas o expresar sus preocupaciones sobre cómo se desarrollan estos proyectos. No se trata solo de debatir una iniciativa puntual, sino de reflexionar sobre qué tipo de desarrollo se quiere y cómo equilibrar producción, ambiente y calidad de vida.

1. Esquel y la resistencia a la megaminería:

En 2003, la comunidad de Esquel se organizó frente a un proyecto de minería a cielo abierto impulsado por la empresa Meridian Gold. A través de asambleas, movilizaciones y un plebiscito en el que más del 80% votó en contra, la población logró frenar el emprendimiento. El caso se convirtió en un antecedente clave para el país. Luego se sancionó en Chubut la Ley 5001, que prohíbe la minería metalífera a cielo abierto con uso de cianuro. La defensa del agua fue el eje central en una región donde es un recurso escaso y fundamental.

2. Cerro Famatina: territorio e identidad:

En La Rioja, el cerro Famatina se transformó en símbolo de organización comunitaria frente a distintos proyectos mineros. Desde mediados de los 2000, asambleas de Famatina y Chilecito impulsaron movilizaciones bajo la consigna “El Famatina no se toca”. Para las comunidades, el cerro no es solo un recurso económico: es fuente de agua, identidad y memoria colectiva. La organización sostenida permitió frenar distintos intentos de explotación.

3. Defensa del monte nativo en el norte argentino:

En provincias como Salta, Santiago del Estero, Chaco y Formosa, el avance de la frontera agropecuaria generó altos niveles de deforestación. Comunidades indígenas y campesinas defienden el monte nativo, que es su hogar y la base de sus formas de vida. Organizaciones como la Unión de Pueblos de la Nación Diaguita y el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), junto con comunidades Wichí, han denunciado desmontes ilegales y desalojos. Estas experiencias muestran cómo ambiente y derechos humanos están profundamente conectados.

4. Delta del Paraná y la protección de los humedales:

Los incendios en el Delta del Paraná pusieron en debate la necesidad de una Ley de Humedales. Organizaciones ambientales y comunidades ribereñas se movilizaron para exigir mayor protección. La defensa de los humedales no solo apunta a conservar ecosistemas, sino también a cuidar el acceso al agua, la salud y las actividades productivas locales.

5. Madres de Ituzaingó:

En Ituzaingó, provincia de Córdoba, desde 2001 un grupo de mujeres (conocidas como Madres de Ituzaingó) comenzó a denunciar problemas de salud vinculados a fumigaciones con agroquímicos en cultivos cercanos. Su organización logró visibilizar el tema a nivel nacional y abrió debates sobre salud, ambiente y el rol de las comunidades en el control de estas prácticas.

• Criminalización de la protesta y defensa del territorio:

Un rasgo que se repite en muchos conflictos territoriales es la criminalización de quienes defienden el ambiente. Referentes comunitarios enfrentan causas judiciales, algunas protestas son reprimidas y muchas veces circulan discursos que buscan deslegitimar sus reclamos.

Desde una perspectiva de derechos humanos, es fundamental reconocer que las y los defensores ambientales deben contar con especial protección. Defender el territorio no es un delito: es una forma legítima de cuidar derechos colectivos y de participar en las decisiones que afectan a las comunidades.

• Aportes de las luchas territoriales a una agenda ambiental democrática:

Las experiencias territoriales no solo buscan frenar ciertos proyectos; también impulsan propuestas alternativas. Promueven economías locales, formas comunitarias de organizar el territorio, la valorización de saberes ancestrales y modelos de desarrollo más sostenibles y justos.

Además, fortalecen la democracia al exigir una participación real en las decisiones que afectan a las comunidades y al cuestionar la concentración del poder económico y político. En ese sentido, estos procesos se convierten en verdaderas escuelas de ciudadanía ambiental.

En Argentina, la defensa del ambiente está profundamente ligada al territorio. Muchas experiencias comunitarias ponen en evidencia las tensiones de ciertos modelos de desarrollo y colocan en el centro la vida, los derechos humanos y la justicia ambiental.

Reconocer, fortalecer y proteger estos procesos es fundamental para construir un futuro más sostenible y justo. No hay política ambiental efectiva sin participación de las comunidades, ni transición ecológica posible sin respetar a quienes habitan y cuidan los territorios #PorUnMundoMejor.

Las distintas experiencias de organización a lo largo del país muestran que el territorio es mucho más que un espacio físico: es el lugar donde se construye la vida colectiva. Frente a la crisis ambiental global, muchas de las respuestas más innovadoras y comprometidas siguen surgiendo desde las propias comunidades.

Bibliografía:

• Constitución de la Nación Argentina.

• Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

• Svampa, Maristella. Debates latinoamericanos. Indianismo, desarrollo, dependencia y populismo. Edhasa.

• Svampa, Maristella y Viale, Enrique. El colapso ecológico ya llegó. Siglo XXI Editores.

• Gudynas, Eduardo. Extractivismos. Ecología, economía y política de un modo de entender el desarrollo y la naturaleza. CLAES.

• Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL).

• Greenpeace Argentina. Informes sobre deforestación y humedales.

• Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (ENDEPA). Informes territoriales.

• Asamblea No a la Mina Esquel. Documentos y comunicados públicos.